CANDIDATOS DE UNIDAD CONSTITUYENTE RECLAMAMOS CAMBIOS EN LOS PROYECTOS DE LEY QUE DEBATE EL PARLAMENTO

CANDIDATOS DE UNIDAD CONSTITUYENTE RECLAMAMOS CAMBIOS EN LOS PROYECTOS DE LEY QUE DEBATE EL PARLAMENTO

Respecto de los Proyectos de Ley presentados por el Gobierno de Piñera al Congreso reclamamos urgentes modificaciones en el trámite legislativo:

  1. En el Proyecto de Ley Corta de Descentralización (Mensaje N°185-368, de 29 de septiembre de 2020) se debe consagrar una definición amplia del concepto de competencias, para que no exista excusa alguna por parte de ministerios y subsecretarias de no transferir funciones, programas y acciones estratégicas para las regiones, bajo el argumento que no son competencias. Igualmente, se debe ofrecer un mecanismo para resolver los conflictos de competencia que tienen una naturaleza política y no meramente administrativa, así como un mecanismo adecuado para la coordinación entre el gobernador, el delegado presidencial, seremías y organismos centralizados, con un rol preponderante de la autoridad electa por los ciudadanos de la región.

En este mismo cuerpo legal se debe eliminar el silencio administrativo negativo que se consagra en él, en cuanto a que frente a una solicitud de competencia de una región y el NO pronunciamiento por parte del Presidente de la República en un plazo de seis meses, esta solicitud se entienda como rechazada. Debiera decir exactamente lo contrario de cuerdo a la ley de silencio administrativo, es decir, un silencio positivo, que si el presidente no se pronuncia en seis meses, esta solicitud se debe dar por aprobada, facilitando así el proceso de construcción de mayor capacidad de decisión en la región.  

  • Respecto al proyecto de ley de financiamiento regional es preciso señalar que:
  • Hay una ausencia completa del concepto de rentas regionales, pues no se precisan fuentes de recursos para las regiones, como tampoco el porcentaje de los impuestos recaudados que se destinarán a los presupuestos de los gobiernos regionales;
  • Se establece el control y tutelaje absoluto de la SUBDERE en la relación de los gobiernos regionales con los ministerios, especialmente el Ministerio de Hacienda a través de la DIPRES;
  • Hay que terminar con la discrecionalidad del gobierno central en la transferencia de los recursos a las regiones, para lo cual se deben establecer reglas claras y objetivas para distribuir todos los fondos de inversión y los gastos de funcionamiento considerando las posibles nuevas competencias a transferir.
  • Es necesario disponer de mayor flexibilidad, con procedimientos eficaces, para el uso de los recursos por parte de las regiones.  No es posible que, en un marco de descentralización, los Gobiernos Regionales tengan que pedir permiso por casi todo a la Dirección de Presupuesto (DIPRES) -que puede demorar meses en ello-.  Lo razonable es establecer restricciones generales pertinentes tales como responsabilidad fiscal, no pasar recursos de inversión a gasto corriente, asignaciones no bien justificadas, entre las principales.
  • No es para nada claro si el nuevo fondo de financiamiento regional creado –Fondo de Equidad Regional— se compone de recursos nuevos y diferentes a los actuales del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), a los Fondos de Convergencia de Zonas Rezagadas, a los Fondos de Zonas Extremas, Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), Fondo de Apoyo Regional (FAR), Programa de Infraestructura Educacional. De no ser así, se trataría de un grosero engaño para las regiones;
  • El otro fondo creado –Fondo de Apoyo a la Contingencia Regional- es el antiguo 5% de emergencia. Nada nuevo pero se quiere mostrar como algo innovador y sólo cambia el nombre.
  • Es imprescindible, en aras del desarrollo regional sustentable, crear un Fondo Especial Compensatorio para las regiones que tienen externalidades ambientales acumulativas por actividades productivas que han generado deterioro ambiental.
  • Consolida un sesgo centralista, entregando roles muy significativos al delegado presidencial en muchos aspectos presupuestarios, en detrimento de la autoridad elegida por los ciudadanos de la región;
  • No se consideran los mecanismos para acordar, de manera formal, entre ministros y Gobernadores Regionales los presupuestos de inversión de los sectores en cada región y menos la interacción entre las autoridades regionales electas y el Congreso en la tramitación de la Ley de Presupuesto. Esta situación deja un espacio de discrecionalidad inaceptable al gobierno central, que podría en forma arbitraria favorecer a unos gobiernos regionales en desmedro de otros, según la afinidad político-ideológica, por la vía de los presupuestos sectoriales.

3. Por otra parte, para cumplir con el rol que la Constitución y las Leyes respecto de la responsabilidad de los Gobernadores Regionales en materia de desarrollo territorial requerimos del Congreso Nacional agregar nuevos temas y realizar cambios adicionales a la Ley:

  1. Modificar al artículo 71 del proyecto de ley sobre las competencias del Gobernador Regional y el Delegado Presidencial respecto del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) , y desde esta base incorporarlo  en el Reglamento que establecerá el procedimiento de elaboración del anteproyecto regional de inversiones. Este reglamento debe explicitar que el Delegado Presidencial Regional, “no ejercerá la coordinación”, sino que sólo la vinculación entre el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional”.
  2. Establecer el rol protagónico del Gobernador Regional y el Gobierno Regional en la formulación del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI): La propuesta del Gobierno no reconoce el liderazgo político-institucional del Gobernador Regional con respecto al Delegado Presidencial Regional, en cuanto a las inversiones de pertinencia regional.
  3. Que su elaboración deberá fundarse en los objetivos estratégicos de los servicios que operen en la región, pero considerando los convenios y acuerdos establecidos entre el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional, en especial los referidos a la reactivación y la generación de empleo decente. De otra manera será un listado de proyectos y programas que el Gobierno Central pretende realizar en la Región, en la mayoría de los casos sin consulta y con escasa coherencia con prioridades de la región.
  4. La autoridad eje del ARI es el Gobernador Regional, no el Delegado Presidencial Regional, en consecuencia, el conjunto de la información de inversiones con pertinencia regional que los ministerios y servicios canalizan al Delegado Presidencial Regional, debe ser entregado al Gobernador Regional, y a partir de la formulación del ARI que el Gobierno Regional formula, se definen las adecuaciones, observaciones o sugerencias que se remiten al Delegado Presidencial Regional, el cual debe asumir un rol sólo de intermediario con el Gobierno Nacional.
  5. Considerar que en el caso de Proyectos y programas de carácter meso-regional o nacional, el Delegado Presidencial Regional, los Secretarios Regionales Ministeriales y Servicios Públicos podrán jugar un rol activo, pero concordado con los Gobernadores Regionales involucrados.

Eugenio Tuma, Región de La Araucanía

Jorge Díaz, Región de Arica y Parinacota

Marcos Pérez, Región de Tarapacá

Ricardo Díaz, Región de Antofagasta

Carlos Pezo, Región de Atacama

Ricardo Cifuentes, Región de Coquimbo

Aldo Valle, Región de Valparaíso

Claudio Orrego, Región Metropolitana

Pablo Silva, Región de O´Higgins

Cristina Bravo, Región del Maule

Oscar Crisóstomo, Región de Ñuble

Eric Aedo, Región del Bio Bio

Eugenio Tuma, Región de La Araucanía

Luis Cuvertino, Región de Los Ríos

Patricio Vallespin, Región de Los Lagos

Andrea Macías, Región de Aysén

Jorge Flies, Región de Magallanes