1. Existe un debate en el país sobre el levantamiento del secreto de los registros y documentos que a partir de declaraciones levanto la Comisión Valech. El gobierno ha anunciado la suma urgencia para la moción del diputado Hugo Gutiérrez (Boletín N° 9598-17)
2. Dicha moción, dispone la modificación al artículo 15 de la Ley N° 19.992 de 2004:
“Artículo 15.- Tendrán carácter público los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, en el desarrollo de su cometido, mismo carácter que tendrá el informe elaborado por la Comisión en base a dichos antecedentes.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su calidad de custodio de los antecedentes recepcionados en el funcionamiento de dicha Comisión deberá en base a la función que le otorga el artículo 3° N° 6 de la Ley N° 20.405 hacer las denuncias correspondientes, en los términos del artículo 175 del Código Procesal Penal, debiendo remitir a las autoridades competentes todos aquellos documentos, antecedentes y testimonios que permitan acreditar o suponer la comisión de algún delito.”
3. Más allá de los alcances respecto al derecho a la verdad y el acceso a la justicia de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos que fueron cubiertas por los registros de las comisiones Valech I y II – Estos están claramente tratados en Informe de Asesoría Técnica del Congreso de Matías Meza-Lopehandía (2006) -, uno de los elementos del debate ha sido la protección de la privacidad de las personas cuyas experiencias de vida fueron afectadas por aquellas violaciones a la dignidad de las personas.
4. Una modificación como la propuesta en el Boletín N° 9598-17 al artículo 15 de la Ley N° 19.992 de 2004 podría tener el efecto de convertir en datos públicos a los registros, documentos y antecedentes recopilados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Sin embargo, dicha modificación legal nunca tendría el efecto de hacer prescindir del consentimiento de las víctimas que son titulares de los datos personales que figuran en eso registros, a menos que se comuniquen por orden judicial legalmente emitida.
5. En este sentido, la pregunta aquí es sobre qué protección merecen los datos de las personas que fueron registrados en los archivos de las comisiones Valech, más allá de las normas legales sobre secreto y su eventual modificación.
6. En artículo 2 de la Ley N° 19.628 entrega las siguientes definiciones sobre datos personales y datos sensibles.
“f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.
g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.”
7. Por su parte, la Directiva 95/46/CE del parlamento europeo y del consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, considera datos personales:
“a) «datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o identificable (el «interesado»); se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social;”
La definición de la Directiva contiene cuatro bloques de construcción principales, que son los siguientes:
– “cualquier información”
– “relativa a”
– “persona natural”
– ” identificado o identificable”
8. Los registros de derechos humanos que se han originado en declaraciones sobre situaciones de vulneraciones a derechos humanos a personas que sobrevivieron a dichas experiencias traumáticas, constituyen claramente información de índole personal, en la medida que esos registros consignan datos que identifican a esas personas o las hacen de alguna manera identificables. En cuanto esa información se refiere a situaciones de sufrimiento físico y psicológico infringidas por otros, realizadas, presumiblemente debido a motivaciones políticas o ideológicas, la información además reviste el estatus de datos sensibles, en conformidad con la legislación chilena.
9. El art. 4 de la Ley N° 19.628 establece que el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. El mismo art. 4, en su inciso 5, señala que no requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público. Las fuentes accesibles al público son los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes. Por su parte, la ley entiende que el tratamiento de datos consiste en cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma.
10. La comunicación o transferencia de registros donde figuren situaciones de violencia y, en general vulneraciones a los derechos humanos, contra personas identificadas o identificables, corresponde a tratamiento de datos personales de protección reforzada, debido a su carácter de sensibles, y, por ello, sólo puede hacerse cuando esté explícitamente autorizado por la ley o se cuente con el consentimiento expreso de los titulares de los datos.
11. Una modificación legal como la intentada por el Boletín N° 9598-17, en sus términos actuales, no corresponde a una autorización legal para tratamiento de datos personales, puesto que dicha autorización legal debería ser específica. Cabe la duda acerca que sí la modificación propuesta al artículo 15 de la ley 19.992 por ese proyecto de ley, cumpliría con redefinir a los archivos en poder del Estado en virtud de la Comisión Valech como fuentes accesibles al público, debido a que el tenor de la modificación no lo especifica.
12. Sin embargo, cuando se hace un análisis constitucional de la protección de los datos personales, se puede concluir que la mera modificación por fuente legal no puede privar a un dato personal de ese carácter ni convertirlo sin más en un dato en un registro de fuente accesible al público. En efecto, el art. 19 N° 4 de la Constitución Política protege la vida privada de las personas. Los hechos que obran en los registros de violaciones a los DD.HH. corresponden a situaciones que comprometen experiencias de sufrimiento físico y psicológico, cuyo conocimiento no es prima facie de interés público, sino sólo cuando se está ejerciendo la función jurisdiccional en una investigación llevada por el órgano judicial legalmente competente, a menos que la persona a quien se refieren esos hechos consienta en su revelación o comunicación.
13. En cuanto la privacidad es un derecho fundamental, esta puede ser regulada por vía legal, pero, según lo establece el artículo 19 N° 6 de la Carta suprema, los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.
14. La aptitud de la fuente legal para la regulación de los derechos fundamentales debe orientarse por la proporcionalidad. Esta debe ser entendida por la conjunción de elementos para comprender la legitimidad de la afectación de un derecho. De acuerdo al Tribunal Europeo de DD.HH., este test consiste en: en primer lugar, se “verifica si esa limitación está prevista en la Ley (‘in accordance with the law’, ‘prévue par la loi’); seguidamente comprueba si está justificada en la consecución de alguno de los fines legítimos; y, finalmente, examina si la limitación del derecho ‘era necesaria en una sociedad democrática’ para la satisfacción de los nes perseguidos” (Caso Handyside 1976).
15. Aunque el acceso público a los registros de DD.HH. pueda quedar prevista en la ley, esta tiene que establecerlo de manera específica. Seguidamente, debe calificarse la legitimidad de los fines de dicho acceso. En este sentido una norma de acceso completo y abierto no especifica los fines para el acceso y comunicación a dicha información personal sensible. Por otro lado, surge la pregunta por la necesidad de dicho acceso. La justificación de dicho acceso se ha planteado para hacer posible es esclarecimiento y eventual castigo de los actos criminales de que dan cuenta los sucesos registrados. Sin embargo, para ello no es necesario un acceso abierto pleno, sino sólo es requerido que los tribunales puedan acceder a la información.
16. De esa manera, una horma de acceso abierto pleno es desproporcionada, respecto de los fines que persigue, en cuanto a los registros de vulneraciones de derecho humanos que pueden afectar la privacidad de las personas cuyo sufrimiento se encuentre documentado en dichos archivos.
17. Una solución de aplicación común para la protección de los datos personales en los registros judiciales, que es la anonimización, no se ha vuelto una práctica en Chile. En cualquier caso, dicha solución también plantearía el problema de que el bloqueo o tacha de la identidad personal de los afectados en toda circunstancia puede dificultad las investigaciones judiciales posteriores.
18. Por lo anterior, parece que la solución más armoniosa entre el derecho a la verdad y acceso a la justicia de las víctimas de las violaciones a DD.HH. y la privacidad de las victimas cuyos sufrimientos están consignados en archivos de DD.HH., consistiría en mantener un secreto relativo de esos archivos, que pueda ser levantado por requerimientos de los tribunales de justicia o por el consentimiento de las personas afectadas. Una propuesta legal podría establecer formas simplificadas y expeditas para recabar dicho consentimiento para otros organismos o personas distintas a la autoridad judicial.