Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Ossandón y Tuma, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 9° del decreto ley N° 2.695, para aumentar el plazo de prescripción de la acción penal en los casos que la calidad de poseedor regular se obtuviere mediante fraude

BOLETIN Nº 10802-02.

INTRODUCCIÓN

El Código Civil, en su Art. 702, establece que “La posesión puede ser regular o irregular. Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe; aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. Se puede ser por consiguiente poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa el poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular”.
El mismo cuerpo legal, establece que la posesión irregular, será aquella a la que falten uno o mas requisitos exigidos para ser poseedor regular. La distinción referida, cobra importancia a la hora de definir cual será el tipo de prescripción que habilitará al poseedor para acceder al dominio de bienes corporales muebles e inmuebles, toda vez que, en el caso de encontrarse en posesión regular, se necesitarán 5 años ininterrumpidos (prescripción ordinaria), mientras que en el caso de la posesión irregular, el plazo exigido serán 10 años de posesión (prescripción extraordinaria).
Lo anterior, cobra importancia en el contexto del Decreto Ley Nº 2.695, sobre saneamiento de la pequeña propiedad raíz, dictado con la finalidad de permitr a las personas con títulos de dominio imperfectos, o bien carentes de ellos, acceder a uno ajustado a derecho, facultando además a la autoridad administrativa, para ordenar la inscripción de predios, reservando la intervención de los tribunales de justicia sólo para aquellos casos donde hubiere por parte de terceros una oposición al saneamiento.

En virtud de este Decreto Ley, el Ministerio de Bienes Nacionales “tiene la facultad de regularizar el dominio de una propiedad a quien sea poseedor material de un bien raíz pero que carezca de título de dominio debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, reconociéndole la calidad de poseedor regular para adquirir el dominio.
Sin perjuicio del gran avance que significó la dictación del Decreto en comento, subsisten ciertos puntos que permiten- tal como indica el proyecto en comento- que se dé cabida a casos en que sujetos, con intención de perjudicar a terceros que cuenten con legítimos derechos sobre el inmueble, terminen por adquirir la regularización de la posesión, de manera fraudulenta.

1.- ESTADO DE TRAMITACIÓN: Primer trámite Constitucional, discusión en general.

2.- CÁMARA DE ORIGEN: Senado

3.- OBJETIVO: El proyecto de ley que se analiza, tiene como objetivo modificar la prescripción de la acción penal que se deriva del tipo establecido en el artículo 9 del decreto en comento, siendo este a saber: “el que maliciosamente obtuviere el reconocimiento de la calidad de poseedor regular de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley, será sancionado con las penas del artículo 473° del Código Penal”. Como es conocido, la prescripción del simple delito de estafa residual (al que se asimila en sanción el tipo establecido en el Decreto), es de 5 años. Lo que busca el proyecto en comento, es que ese plazo sea ampliado a 10 años, asegurando así la opción del perjudicado en sus derechos, de perseguir penalmente a quien maliciosamente hubiese obtenido la calidad de poseedor regular del inmueble.

4.- CONTENIDO DEL PROYECTO El proyecto costa de un artículo único, que introduce un nuevo inciso al artículo 9 del decreto ley del decreto ley N° 2.695, para aumentar el plazo de prescripción de la acción penal en los casos que la calidad de poseedor regular se obtuviere mediante fraude, estableciendo que este será de 10 años, en el caso señalado.

5.- OBSERVACIONES:

Si bien es evidente la necesidad de reforzar los mecanismos a disposición de quienes puedan ver lesionados sus legítimos derechos por el actuar fraudulento de un tercero, así como también se evidencia la necesidad de robustecer el concepto de buena fe- sobre todo en el contexto del saneamiento que regula el decreto ley en comento- , se estima que debe tenerse en cuenta el hecho de que la diferencia entre los plazos de prescripción de los simples delitos ( 5 años) y de los crímenes (10 años), se establece en relación directa con la gravedad del hecho y la pena asignada por tanto al mismo. En este caso concreto, el aumentar el plazo de prescripción de un simple delito, de 5 a 10 años (plazo reservado para los crímenes), podría significar un problema de proporción y coerción entre la conducta sancionada y su gravedad, y el tratamiento que se le da, en el contexto de la prescripción.
Sin perjuicio de lo anterior, se considera que la iniciativa, que apunta a una modificación en el orden penal, va en la dirección correcta, y se recomienda analizar la posibilidad de no solo aumentar el plazo, sino establecer reglas especiales sobre su contabilización (incluso podría analizarse la posibilidad de modificar las reglas de suspensión de la prescripción), supuestos que podrían lograr un efecto similar (mayor espacio temporal a disposición de quien pueda legítimamente ejercer su mediante el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público), sin necesariamente alterar los plazos establecidos en la regla general.