PROYECTO DE LEY QUE Modifica el artículo 9° del decreto N° 400, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, en materia de posesión, tenencia o porte de armas, Boletín Nº 10.658-07.

1. El proyecto de ley ingresó el 9 de mayo de 2016, iniciado por los senadores Tuma, Araya, Espina y Harboe. Se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Defensa del Senado.

2. La iniciativa propone reponer la facultad del Juez para valorar en el caso concreto cuando se vulnera la ley de control de armas, si la conducta implica efectivamente un peligro real para el orden público o para la seguridad de las personas, reponiendo la sanción administrativa como una alternativa a la pena privativa de libertad por la tenencia o posesión de armas, cuando dicha infracción no representa un peligro para la colectividad.

3. La Ley Nº 20.813 que modificó la Ley de Control de Armas estableció que las conductas sancionadas no exigen la producción de un peligro concreto, adelantándose de esta manera la barrera de protección al simple hecho de portar o tener un arma sin cumplir con los requisitos que exige la ley y el reglamento, sin ser posible la consideración de si las circunstancias de esa tenencia o porte son efectivamente peligrosas para la sociedad. Estamos en presencia de un delito de peligro. Además, el legislador asocia a esta conducta, sea o no peligrosa, una pena privativa de libertad, situación que se además se agrava si se considera que en los delitos de la LCA no son aplicables algunas de las formas de cumplimiento alternativo de las penas que prescribe la ley n° 18.216 de penas sustitutivas.

4. Esta situación ha tenido consecuencias graves respecto a condenados por esta figura, con extremo desequilibrio entre la conducta y las penas aplicadas ver minuta anexa de casos de aplicación de la nueva norma.

5. En el proyecto de ley se propone agregar un inciso final al artículo 9º de la Ley Nº17.798, sobre control de armas, en el sentido de establecer en el tipo penal un elemento subjetivo del tipo, para permitir al juez una valoración de la real peligrosidad que el porte o tenencia de un arma pueda tener. De este modo se pretende dar

6. En la presentación de la iniciativa se cometió un error al establecer la remisión al Artículo 9-A, que, si bien contempla la sanción administrativa, los montos hacen inviable aplicarla a sectores rurales o personas que han infringido la ley de control de armas, sin el ánimo de poner en riesgo a la sociedad o cometer un delito. Por lo cual he propuesto reemplazar el articulado consignado con la siguiente modificación: “Artículo único: Agréguese el siguiente inciso final al artículo 9° de la ley 17.798

“Si en las hipótesis previstas en los dos incisos previos el tribunal estimare que, atenidas las circunstancias del caso concreto, el porte, la tenencia o la posesión del arma o elemento no representan un peligro efectivo para el orden público, ni tampoco hay indicio de que el arma se utilizará o se pretende utilizar en la comisión de delitos, podrá sustituir la pena privativa de libertad por una multa de 15 a 30 U.T.M, y la inhabilitación perpetua para obtener autorización para la tenencia o porte de armas. En caso de que el imputado tenga condenas previas por hechos descritos en este artículo, el tribunal deberá imponer la pena privativa de libertad que corresponda de acuerdo a los incisos anteriores”.

Eugenio Tuma
Senador

Anexo.
Casos en que se aplica la nueva norma sobre porte y control de armas:

En la Causa RIT 304-2015, 1500700254-5, del TOP de Temuco, el imputado fue acusado y condenado por los siguientes hechos: “El día 23 de julio de 2015 aproximadamente 18:30 horas personal de Carabineros sorprendió al imputado en el sector rural de Imperialito de la comuna de Nueva Imperial portando una escopeta marca Harrington & Richardson, calibre 16, serie N° HH415602, sin contar con autorización de la autoridad competente ni mantenerla inscrita a su nombre y portando además en un bolso adosado a su muslo ocho cartuchos marca TEC, color azul, calibre 16, sin percutar, sin contar con la autorización legal correspondiente para la tenencia o porte de dicha arma y municiones”
No obstante, tanto el imputado como la prueba de cargo dieron cuenta de que la escopeta estaba inscrita a nombre de un vecino, quién se la había prestado al abuelo del condenado para la caza, que justamente era la actividad que el imputado iba camino a desarrollar cuando fue fiscalizado por Carabineros.
Al respecto, cabe destacar que el tribunal, al condenar, señala que “aún partiendo del supuesto de que el acusado se aprestaba a realizar labores de caza cuando fue sorprendido por Carabineros, dicha circunstancia no habilita al Tribunal para prescindir de la aplicación de la norma legal que ha sido invocada por el Ministerio Público, en tanto la Ley sobre Control de Armas, en su artículo 9°, cuya actual redacción es producto de la modificación introducida por la Ley 20.813, no efectúa distingos en relación a la finalidad del porte del arma de fuego, cuando dicha acción se efectúa en contravención a la Ley…”. Por lo tanto, este fallo demuestra que los tribunales entienden que el porte o tenencia no reglamentario de un arma implica automáticamente la comisión de un delito de la ley de armas, a pesar de que no haya lesión o peligro alguno para el orden público. En este caso, el imputado fue condenado a 3 años y 1 día por el porte ilegal de la escopeta y a 541 días por el porte ilegal de las municiones (los cartuchos que portaba para la caza), ambas penas efectivas.
En la Causa RIT 4673-2015, RUC 1500493094-8, del Juzgado de Garantía de Valparaíso se acusó al imputado por el siguiente hecho: “El día 24 de mayo de 2015 a eso de las 03:00 horas y en circunstancias que se encontraba en el Servicentro Shell ubicado en Av. Matta N° 2342 del Cerro Placeres de esta ciudad, y en el instante en que un sujeto arremetió contra el dependiente de ese lugar Rodolfo Leiva con el fin de sustraer especies utilizando al parecer un arma blanca y otro con una botella, por lo que Catalán Cavieres extrajo una pistola marca CZ modelo 84 calibre 9 mm. Serie número 21194 que portaba, y respecto de la cual no contaba con autorización para su porte, arremetiendo en contra de éste un sujeto con una botella para agredirlo, percutándola en contra de éste ocasionándole una herida grave en la zona craneal”.
Respecto de las lesiones graves, el Ministerio Público pidió el sobreseimiento definitivo, al estimar que el imputado actuó en legítima defensa del dependiente del servicentro. No obstante, se fijó fecha de juicio oral por el porte de arma ilegal, delito por el cual se pide una pena efectiva. Es decir, se está llevando a juicio a un sujeto que utilizó un arma -que tenía inscrita a su nombre, pero su inscripción estaba vencida- para proteger a un tercero de un delito, siendo evidente que ese porte de arma no implicó ningún peligro para el orden público, sino más bien todo lo contrario.
En la Causa RUC 1500885169-4, RUD PLC-00216-15 del Juzgado de Garantía de Paillaco el imputado es acusado por dos delitos de porte y tenencia ilegal de arma de fuego. Se trata de un campesino de 63 años de edad, casi ciego por padecer diabetes, baja escolaridad, situación de pobreza, sin antecedentes penales. Se le persiguió penalmente por dos causas que finalmente fueron acumuladas, una de ellas bajo la vigencia de la ley antes de la modificación, y la segunda causa, bajo la vigencia de la ley modificada. En lo que se refiere a la primera causa, el imputado había sufrido un robo en su casa. Realizó la denuncia y entre las especies robadas figuraban tres armas, una de ellas apta para el disparo. Las tres eran armas heredadas de su padre, y que estaban en la casa como adorno y reliquia. El tribunal pudo aquilatar la gravedad y circunstancias del hecho sólo por regir respecto de esta causa la ley antigua, y fue condenado a una multa rebajada.
En la segunda causa, un lugareño le pidió prestados 80 mil pesos y le dejó una escopeta empeñada en garantía. Cómo el lugareño no le pagó, el imputado fue a carabineros a dejar constancia de que no le habían pagado, indicándoles también que tenía la escopeta empeñada en su casa. Los carabineros fueron con él a su casa y luego de entrada y registro voluntaria, lo detuvieron por el delito de porte del arma. Dadas las particulares circunstancias del caso se pudo demostrar la entrega voluntaria y la autodenuncia. En este caso, se aplicó la excusa legal absolutoria por autodenuncia que contempla la LCA. No obstante, de no haber mediado dicha autodenuncia, sino que la escopeta hubiese sido descubierta por Carabineros, don Segundo Rivera Carrasco habría tenido que ser condenado a una pena efectiva de reclusión.
En la Causa RUC: 1500449243-6, RUD PLC-00118-15 del Juzgado de Garantía de Paillaco imputado fue procesado por el delito de porte o tenencia de arma de fuego, bajo la vigencia del actual texto de la ley. Se trata de un campesino, trabajador agrícola, de baja escolaridad, con dos hijos pequeños, sin antecedentes penales. Fue a cazar jabalíes con unos amigos (en la zona se cazan jabalíes porque son una plaga que destruye cosechas) con una pistola que también le habían empeñado en garantía de un dinero que había prestado. Al volver de la caza (no cazaron nada) fueron a una fiesta campesina, donde una persona lo denunció a los carabineros por andar con la pistola en el bolsillo. El imputado declaró en el Ministerio Público y arriesga una pena efectiva de cárcel de al menos tres años y un día.