En diciembre de 2013 se promulgó la Ley N° 20.715 sobre Protección a Deudores de Créditos en Dinero, que modificó la Ley N° 18.010, declarando tener como uno de sus principales objetivos reducir la tasa de interés de los créditos cobradas a los usuarios más vulnerables en el sistema.

La nueva Ley definió el segmento objetivo en aquellas operaciones inferiores o iguales al equivalente a 200 UF, en moneda nacional no reajustable y de 90 días o más. También cambió la forma de cálculo del techo para las tasas, anclándola a un segmento de préstamos de mayor monto.

Asimismo, encomendó a la SBIF la fiscalización de las operaciones en este segmento, otorgadas por bancos o instituciones colocadoras de fondos por medio de operaciones masivas de crédito de dinero.

Durante los primeros tres años, contados desde la entrada en vigencia de la Ley N° 20.715, la SBIF debe elaborar un informe anual sobre los efectos de su aplicación.